Directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.
PARÍS, Francia.- El domicilio
parisino de Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y exministra de Economía en el mandato de Nicolás
Sarkozy, ha sido registrado este miércoles por la brigada financiera de
la policía francesa. La operación se inscribe en el llamado “escándalo
Tapie”.
Tres jueces de los juzgados económicos
de París y sus homólogos del Tribunal de la República (competente en
delitos cometidos por ministros), investigan el papel jugado por Lagarde
en 2007, durante la disputa legal que el empresario Bernard Tapie,
conocido por la opacidad y espectacularidad de sus negocios, mantuvo con
el banco público Crédit Lyonnais tras vender Adidas a la entidad
bancaria.
Los investigadores tratan de esclarecer
si la directora del FMI ejerció su influencia sobre los árbitros
privados de aquel litigio para que favorecieran los intereses del
expresidente del Olympique de Marsella frente a los del hundido banco
público. En julio de 2008, Bernard Tapie obtuvo un fallo favorable de la
comisión de arbitraje que le reportó una indemnización de 402 millones
de euros, de los cuales ingresó 230 millones netos. Lagarde asumió el
dictamen como bueno, y pese a las recomendaciones de numerosos expertos,
se negó a recurrirlo.
La redada en casa de Lagarde marca una
aceleración a un escándalo político y económico que podría acabar
salpicando también a Nicolas Sarkozy. Según Le Monde, Tapie mantuvo
diversas reuniones con Sarkozy cuando éste era ministro del Interior y
presidente de la República (2007-2012). El juez de Burdeos que analiza
el caso Lilliane Bettencourt ha enviado las agendas del exmandatario a
sus colegas de París para aclarar las fechas de esos encuentros.
El exsecretario general del Elíseo,
Claude Guéant, mano derecha de Sarkozy, ya recibió una visita de la
policía en su domicilio y su despacho hace un par de semanas. Buen amigo
de Sarkozy, Tapie pidió públicamente el voto para el líder conservador
durante las campañas de 2007 y 2012. Las agendas revelan también que
Sarkozy recibió varias veces a Pierre Mazeaud, uno de los tres árbitros
que resolvió el litigio.
El 24 de enero pasado, los jueces
ordenaron un registro en las casas de Bernard Tapie y del actual
consejero delegado de France Télécom, Stéphane Richard, que era el jefe
de gabinete de Lagarde cuando ocurrieron los hechos. Sobre la
participación de la directora del FMI, su abogado, Yves Repiquet, ha
afirmado este miércoles que su clienta “no tiene nada que ocultar”, y ha
recordado que Lagarde no ha sido oída todavía por los investigadores.
Los jueces económicos de París Serge
Tournaire, Guillaume Daïeff y Claire Thépaut abrieron su investigación
en septiembre de 2012 y presentaron cargos por “uso abusivo de poderes
sociales y ocultación de ese delito” contra el Consorcio de Realización
(CDR), una especie de banco malo creado en 1995 para gestionar los
pasivos dudosos de Crédit Lyonnais tras el hundimiento de la entidad.
Pero, en la víspera de la operación
policial en las casas de Tapie y Richard, los magistrados pidieron y
obtuvieron de la Fiscalía una ampliación de las acusaciones, y sumaron a
la primera causa los cargos de “desvío de fondos públicos y falsedad”.
El caso está ahora separado en dos piezas: una ministerial y otra
extraministerial. Los abogados de Tapie y del CDR, y tres de los
árbitros que dirimieron el contencioso también están bajo investigación.
En el apasionante caso no falta tampoco
un cuervo, un chivato anónimo. Se supone que es un alto funcionario del
ministerio de Economía, porque envió una carta sin firma pero con el
membrete oficial de Bercy al líder centrista François Bayrou. La misiva,
que este entregó a la justicia, afirma que Lagarde no debe ser
considerada responsable de lo ocurrido porque la solución fue impuesta
por el exabogado de Tapie, Jean-Louis Borloo (efímero ministro de
Finanzas entre mayo y junio de 2007), y por Nicolas Sarkozy.
El actual fiscal del Tribunal de la
República y exfiscal del Supremo, Jean-Louis Nadal, pidió en 2011 que
Lagarde fuera acusada de abuso de poder por haber “ejercido
constantemente sus poderes ministeriales para lograr una sentencia
favorable a Bernard Tapie”.
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