La Defensora del Pueblo exige el arbitraje para todas las preferentes
Carga contra la CNMV y el Banco de España por no impedir su venta
fuente: la voz de galicia
La Defensora del Pueblo señala directamente al
Banco de España, y también a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, como dos de los responsables -junto a las propias entidades
financieras- del entuerto y engaño de las participaciones preferentes.
Lo hace en un informe que hizo público ayer y en el que aboga por que el
procedimiento de arbitraje para devolver el dinero sea «universal para
todas las entidades intervenidas», sin que pase un filtro previo, como
sucede ahora, con independencia de que el resultado pueda ser negativo o
positivo para el cliente. En el caso de NCG, ha resuelto desde agosto
unos 13.900 casos (todos favorables al afectado) con este procedimiento,
devolviendo unos 260 millones de euros. Pero quedan pendientes otros
20.000. Una consultora, Pricewaterhouse, se encarga de ir filtrando cada
expediente presentado. Soledad Becerril, actual defensora, cuestiona
ese procedimiento: «La consultora externa, que tiene un coste, decide
quién tiene derecho a la vía arbitral [...]. Se alega la inseguridad
jurídica». Por ello, exige como primera medida que se generalice ese
arbitraje, una solución que también está abierta en el caso de Catalunya
Banc (lleva muy pocos casos) y en Bankia (que ni ha empezado).
También cree Becerril que es la CNMV el órgano
más apropiado para resolver esos arbitrajes, en lugar de los institutos
de consumo de cada comunidad.
El informe es bastante crítico con el Banco de
España, del que ve contradicciones en su papel de supervisor: «Resulta
difícil entender que, en el 2002, con mucho menos volumen de capital en
preferentes, [el Banco de España] manifestara su preocupación y avisara
de los riesgos de estos productos, y en el 2009 se apoyara el aumento de
este capital como recursos propios de las entidades».
También apunta a la CNMV, que, dice, tuvo
constancia en el 2008 de esa venta a minoritarios. Recuerda que este
organismo decidió reducir el importe de las sanciones por prácticas como
las de las preferentes. Y que pocas reclamaciones tramitadas a través
de esta comisión acaban devolviendo el dinero.
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