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El
Gobierno frena la reforma local ante la avalancha
de
alegaciones de las autonomías (RI §1111548)
02/04/2013 – Actualidad
Al Gobierno se le atraganta
la reforma de la administración local. La falta de consenso con el resto de
grupos políticos y, sobre todo, la fuerte oposición surgida en las propias
filas del PP han obligado al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy a frenar el
anteproyecto de ley, que fue visado
por el Consejo de Ministros
el pasado 15 de febrero.
Hoy.es
02.04.13
El objetivo
inicial era que el texto fuera remitido al Congreso después de Semana Santa,
pero lo cierto es que el Gobierno ni siquiera lo ha enviado aún al Consejo de
Estado para que emita su preceptivo informe. Con estos plazos, la ley no
entraría en vigor antes del 1 de enero de 2014, es decir, un año antes de las
elecciones municipales y autonómicas. Y si las encuestas ya pintan un panorama
sombrío para el PP a causa de la crisis económica, una rebelión de alcaldes y
concejales podría ser letal para las aspiraciones electorales del PP.
Las fuentes
consultadas señalan la posibilidad creciente de que este calendario no llegue a
cumplirse. “Hemos levantado el pie del acelerador con lo de la reforma local,
la prioridad ahora es la Ley
de Transparencia”, explica un diputado del grupo popular.
Soraya
Sáenz de Santamaría ha reiterado, en las comparecencias posteriores a los
últimos Consejos de Ministros, que la norma, con la que el Gobierno pretendía
ahorrar unos 7.000 millones de euros al año, entraña una importante complejidad
jurídica para justificar las posibles demoras en su tramitación.
Sin
embargo, el principal escollo radica en el fuerte rechazo en las propias filas
populares hacia un proyecto que dejará sin retribución alguna al 82% de los
68.285 concejales existentes en España.
Existen
además otras dos controversias, la supresión de las principales competencias de
los municipios de menos de 20.000 habitantes, que pasarán a manos de las
diputaciones provinciales, y la negativa de las comunidades a lidiar con las
denominadas competencias impropias que ahora asumen los ayuntamientos sin una
notable mejora de la financiación autonómica. El descontento es generalizado y
quedó patente con el hecho de que la práctica totalidad de comunidades
autónomas, además de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han
presentado alegaciones al texto durante los 15 días de plazo que dio el Gobierno.
El
presidente de la Xunta
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, entregó en mano los reparos de su comunidad a
Mariano Rajoy durante la entrevista que ambos mantuvieron el pasado 11 de
marzo. Feijóo recomendó al Ejecutivo central “mesura e inteligencia” a la hora
de aprobar esta reforma. Si los presidentes autonómicos del PP evitan en todo
momento el cuerpo a cuerpo con el Gobierno, los de otras formaciones se
muestran mucho más beligerantes.
“Democracia
local”
Diego
Valderas, vicepresidente de la
Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y
Relaciones Institucionales de la
Junta de Andalucía, acusó a Rajoy de atentar contra la
descentralización política y administrativa conquistada en España durante los
últimos 30 años. El dirigente de IU advirtió además que la reforma generará
ayuntamientos “de primera y de segunda” y se pondrá en peligro la propia
“democracia local” con la previsible desaparición de los municipios más
pequeños.
La propia
FEMP, presidida por el alcalde de Santander, el popular Íñigo de la Serna, intenta que no se produzca
un cisma en la organización, en la que el tiene la mayoría. Sus alegaciones
también se centran en el ámbito competencial, por un lado, con especial énfasis
en la asunción de los servicios de limpieza y mantenimiento de colegios por
parte de las comunidades autónomas y que los ayuntamientos puedan cobrar,
mediante el Plan de Pago a Proveedores del Gobierno, todo el dinero que aún
adeudan las autonomías.
La
dirección popular lleva semanas intentado convencer a sus dirigentes locales y
regionales de la necesidad de dar este paso. Javier Arenas, vicesecretario de
Política Autonómica y Local del PP, insiste en que las administraciones
públicas, tal y como están en España en estos momentos “no hay quien las pague,
no son
sostenibles”,
y defiende que hay que “mantener lo que sirve y suprimir lo que no sirve”. Un
argumento que, de momento, no convence a todos.
El PP,
debilitado por el escándalo Bárcenas, no puede permitirse el lujo de abrir otro
frente interno. Por ello, la prioridad ahora es consensuar una única respuesta
de los dirigentes populares ante esta reforma que palie, en la medida de lo
posible, la soledad parlamentaria con la que el PP tendrá que sacar adelante esta ley que ya cuenta con el rechazo de
PSOE, PNV, CiU e Izquierda Plural, entre otros.
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